El Gobierno postergó por 60 días el ingreso del Estado nacional a la gestión de las cuatro represas hidroeléctricas cuyas concesiones vencen este año, con la posibilidad de extender por otros 60 días su entrada. El «negocio del agua» ronda entre los u$s 100 y los u$s 200 millones por año y estas cuatro centrales suman casi 4400 MW, el 10% de la capacidad que tiene la Argentina.
Mediante la resolución 574/2023, la secretaria de Energía, Flavia Royon, determinó que las empresas privadas deberán seguir al menos hasta el 10 de octubre o el 9 de diciembre a cargo del complejo Alicurá (AES), El Chocón – Arroyito (Enel) y Cerros Colorados (Orazul Energy), mientras que Piedra del Águila (Central Puerto) se devolverá entre febrero y abril de 2024. La decisión se publicó apenas un mes antes del fin de las primeras tres concesiones.
Mientras tanto, a partir del 11 de agosto entrarán a las primeras tres centrales un veedor del Estado nacional vía la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) y representantes de las provincias (Neuquén y Río Negro).
Alicurá, concesionada a AES, es la primera represa aguas arriba del río Limay; la concesión vencía en agosto
La razón oficial esgrimida es para «preservar la seguridad de las personas y los bienes» ubicados en las cuencas de los ríos Limay y Neuquén, aunque, cuentan en el sector, el Estado recién empezó hace unos días a relevar el estado de los activos y la situación del personal técnico de las represas.
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