El gobierno inició una renegociación tarifaria express con empresas de gas
Las 11 compañías licenciatarias del mercado regulado de gas natural recibieron en los últimos días una nota del Ente Regulador del Gas (Enargas) que las convoca a presentar antes del viernes 15 de septiembre un plan de las inversiones obligatorias (PIO, en la jerga del sector) que llevarán adelante durante los próximos cinco años (hasta diciembre de 2028) para atender sus redes de distribución y transporte del hidrocarburo. Primero se notificó a las dos transportistas (TGS y TGN) y el viernes pasado se incluyó a las nueve distribuidoras, con Metrogas, Naturgy, Camuzzi y EcoGas a la cabeza, según pudo reconstruir EconoJournal.
La medida había sido adelantada informalmente por el interventor del organismo, Osvaldo Pitrau, a algunos directivos de la industria, pero aun así la instrucción fue recibida con sorpresa entre los privados. Más que nada por lo titánico de la tarea en un contexto de altísima volatilidad en la economía. También llama la atención el repentino interés oficial por dejar algo cerrado antes del cambio de gobierno luego de haber estado 3 años y medio sin realizar ningún avance sustantivo en términos de la Renegociación Tarifaria Integral (RTI) que se había propuesto.
Fuentes privadas consultadas por EconoJournal señalaron incluso que, por la disparada inflacionaria y las restricciones al ingreso de productos importados, es muy difícil conseguir presupuestos de varios de los elementos que deberían incluir en los PIO. “Tenemos que incluir cotizaciones de todo tipo, desde la renovación de medidores y la flota de vehículos hasta la contratación de software, equipamiento informático y válvulas automáticas, entre decenas de componentes”, explicó una de las fuentes consultadas.
Las empresas consultadas no tienen dudas de que lo que se les pide forma parte de un proceso de RTI. Sin embargo, allegados al Enargas aclararon que lo que está en marcha no es una “RTI formal”, que requeriría un proceso mucho más laborioso, sino una renegociación tarifaria que apunta, en el mejor de los casos, a avanzar sobre una serie de puntos regulatorios y a dejar todo listo desde lo administrativo para efectuar un aumento de las tarifas residenciales de gas a partir del 1 de enero 2024.
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