El misterio de los socios ocultos de Burford Capital que incomoda al macrismo

La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió el pasado 31 de marzo que el Estado argentino deberá indemnizar a Burford Capital por la expropiación de YPF concretada en 2012. Si bien todavía no se definió una cifra, especialistas que siguen de cerca el caso aseguraron a EconoJournal que Argentina deberá desembolsar como mínimo unos US$ 3000 millones. Lo que sigue es un detalle de cómo llegó Burford a demandar al país y de los acuerdos que fue cerrando con inversores que en su mayoría permanecen ocultos. Las complicidades del kirchnerismo que le allanaron el camino y la contratación que incomoda al macrismo. 

Desembarco de Burford

El fondo inglés inició en 2015 el litigio contra YPF y el Estado argentino en nombre de las sociedades Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, instrumentos radicados en Madrid con los que la familia Eskenazi había comprado el 25,4% de YPF entre 2008 y 2011.

Gracias a un acuerdo que no tenía ninguna racionalidad económica, impulsado por el entonces presidente Néstor Kirchner, los Eskenazi habían financiado la compra de las acciones de YPF con créditos que insólitamente iban cancelando con los dividendos que obtenían de la compañía. Cuando el Estado argentino desembarcó en la firma en 2012, se dejaron de pagar dividendos y los Ezkenazi perdieron sus acciones a manos de los acreedores que le habían prestado el dinero, entre quienes figuraban Credit Suisse, Goldman Sachs, Citi, BNP, Itaú, Standard, Santander e incluso la propia Repsol.

El administrador concursal Luis Armando Betancor, del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, decidió entonces que la mejor forma de sacar valor del proceso era reclamarle al Estado argentino y a YPF una indemnización. El argumento central era que, cuando el 51% de la firma pasó a manos del Estado argentino, el estatuto societario de la compañía lo obligaba a hacer una oferta pública de adquisición por el 49% restante. Ante la falta de recursos para financiar el juicio, Betancor abrió un concurso y fue Burford Capital quien se terminó quedando con el derecho de litigar.

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