En la semana que terminó, el mega DNU de Javier Mieli se llevó todas las miradas. Sin embargo, un tema del frente externo se metió en la agenda: el conflicto judicial por la expropiación de YPF. La batalla legal en los tribunales estadounidenses tiene dos instancias que corren en paralelo y en las que el Gobierno que acaba de asumir pidió prórrogas.
Por un lado, el juicio en el que la jueza Loretta Preska ya falló en contra de la Argentina y la condenó a pagar US$16.100 millones. Como el país no pagó, los beneficiarios piden avanzar con los embargos, a menos que la Argentina deposite garantías por el monto equivalente al fallo, algo que el Gobierno no tiene capacidad de hacer.
La Argentina había pedido extender 90 días el tiempo para presentar esas garantías, pero la jueza no le concedió esa posibilidad. En consecuencia, los embargos contra el país podrían arrancar el próximo 10 de enero.
Por otra parte, y aun sin haber depositado las garantías, la Argentina avanzó en la apelación del fallo de Preska en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Allí, el país solicitó una prórroga de 30 días -hasta el 23 de febrero- para presentar el primer escrito con los argumentos de la apelación. Todavía no obtuvo respuesta del tribunal.
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