El amplísimo alcance del proyecto de Ley Ómnibus enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso no logra ocultar un aspecto clave: las reformas en materia de “Reorganización Económica” (Título III) y en particular en materia energética (Capítulo IX), dado el atractivo internacional de Vaca Muerta, la joya energética argentina, como dejan en evidencia dos gráficos de un documento circulado por Jorge Sapag, exgobernador de Neuquén. Allí (ver más abajo), puede observarse el contraste abrumador de la producción de petróleo y gas en esa formación geológica con la del resto de las cuencas hidrocarburíferas de la Argentina.
Más abajo aún, dos gráficos de un informe de Oil Production Consulting muestran cómo la extracción “no convencional” de petróleo y gas, un sello de Vaca Muerta, supera ya la producción conjunta de todas las demás cuencas del país.
El proyecto llamó la atención por su énfasis en la libertad de precios, el alineamiento con valores internacionales y la afirmación taxativa de que el objetivo principal en materia energética es “maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos y satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país”, subordinando así el de autoabastecimiento.
Relicitar
Sin embargo, un aspecto tan o más importante, y materia de estudio entre las petroleras, es la anulación de las prórrogas de concesión y la obligación de relicitarlas un año antes de su vencimiento. Muchas empresas, incluida YPF, exploran y explotan bloques cuya concesión expira en los próximos años. Solo entre Neuquén y Río Negro, una treintena de concesiones vencen de aquí al año 2027.
“En general, el proyecto va en la dirección correcta; lo estamos estudiando en detalle”, dijeron, palabras más o menos y off the record, dos empresas con operaciones en Vaca Muerta. “El tema de la exportación es muy importante, son las divisas que el país necesita y transparentar los precios es adaptarse a cómo funciona la industria en el mundo”, señalaron desde una de ellas. Cabe recordar que, contra lo que establece el DNU 70, que eleva los derechos de exportación al 15%, el proyecto de ley ómnibus los retrotrae, tanto para los hidrocarburos como para la minería, al 8% previo.
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