Las empresas que prestan los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural por redes le pidieron al Gobierno que les autorice un aumento de tarifas en torno al 45%, lo que se traduce en un impacto en las boletas finales de los usuarios en torno a un 15%. Además, solicitaron un esquema de incrementos mensuales de sus ingresos para que no pierdan contra la inflación y se garanticen los fondos para las inversiones.
Por otro lado, algunas distribuidoras se opusieron al mecanismo que ideó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para separar las tasas municipales de las facturas y evitar los cortes de servicio si los usuarios las pagan parcialmente.
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