El Gobierno oficializó la licitación de 12 áreas petroleras, como parte del relanzamiento de la política de explotación de recursos iniciada por Rodolfo Suarez y continuada por Alfredo Cornejo. Esa estrategia busca «resiliencia», pues se trata de áreas que ya han sido exploradas y explotadas, con bajos resultados. La intención es que haya empresas que pongan foco de manera particular a las que les sea redituable explotarlas por la escala del negocio. En ese camino, por ejemplo, hay dos empresas que tienen favoritismo porque habían presentado iniciativas privadas para conseguir dos concesiones. Se trata de Selva María y Aconcagua.
A las 12 áreas que se licitaron se le sumarán otras 14 que YPF dejará de lado y que serán parte de una negociación con empresas más chicas para que se asocien como operadores o para la venta de manera privada. La intención es la misma: que los emprendimientos en los que la petrolera estatal desinvierta porque no le son redituables, puedan ser explotados por otras empresas más chicas.
El plan
La licitación aprobada por Cornejo estuvo precedida por el armado participativo del pliego. Durante un período de tiempo se hicieron consultas públicas sobre las condiciones que debían incluirse para que el concurso fuera a buen puerto. Como son zonas ya desarrolladas, hay información preexistente sobre el resultado de los emprendimientos en los que hay datos de producción, cantidad de pozos, estudios técnicos y las razones por las que los concesionarios anteriores las abandonaron o desinvirtieron. Las áreas licitadas son Zampal, Malargüe, Boleadero, CN V, Sierra Azul Sur, Calmuco, Ranquil Norte, Bajada de Chachahuen, Chachahuén Norte, Payún Oeste, El Divisadero y Puesto Molina Norte. Todas pertenecen a las cuencas Cuyana y Nenquina.
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