El hecho de que se esté hablando en nuestro país de inversiones cuantiosas, de plazos que exceden ampliamente la crónica coyuntura, de la posibilidad de poner en valor ingentes recursos gasíferos que irremediablemente estaban destinados a quedar bajo tierra sin valor una vez finalizada la transición energética, indica que se comenzó a pensar en grande y a largo plazo sin directivas ni “ayuda del Estado”, porque el RIGI no da sino evita que el Estado saque.
Eso significa el proyecto de licuefacción de gas anunciado por uno de los grupos empresarios interesados en el tema, aunque haya trascendido por un hecho menor, la disputa política mediatizada entre las provincias de Rio Negro y Buenos Aires y el gobierno nacional.
Sin embargo, la introducción mediática de la contienda política en la selección de localización de las plantas de licuefacción para empezar a despachar gas natural licuado (GNL) desde el Atlántico Sur, le hizo bien al proyecto. La mediatización de la pelea política dio pie para divulgar la importancia y trascendencia de este proyecto que significa el inicio de una actividad exportadora acorde con nuestros recurso de gas no convencional o shale gas y de la capacidad de nuestra industria petrolera para producirlo económicamente. Eso es lo que realmente significa la decisión de un grupo de empresas privadas nacionales e internacionales de avanzar en el negocio mundial del GNL.
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