Mientras el Gobierno de Javier Milei celebra la aparición de nuevas iniciativas encuadradas dentro del «Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)» que engloban un paquete de inversiones de u$s 12.400 millones; el primer proyecto aprobado con esas reglas de juego reavivó las preocupaciones y dudas que se habían planteado el año pasado entre los industriales metalúrgicos y los fabricantes de equipos y componentes eléctricos.
Tanto la resolución 1/25 del ministerio de Economía comandado por Luis Caputo que convalidó el ingreso al RIGI del proyecto «Parque Solar El Quemado» a cargo de YPF Luz; como las contrataciones iniciales de la obra del nuevo oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) que encabeza la petrolera de mayoría accionaria estatal dejaron en las industrias y empresas de ingeniería locales un doble sabor amargo.
Por un lado, por la gran cantidad de equipos e insumos que se autorizaron a importar para la instalación del complejo de generación solar. Y, por otro lado, por la decisión de YPF de adjudicar dos de las obras más relevantes del oleoducto a firmas extranjeras.
Si bien por ahora no hay ánimo para salir a confrontar contra la administración libertaria; en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA) admiten puertas adentro que los impactos negativos del RIGI podrían ser más marcados que los previstos inicialmente debido a la postura oficial de no exigir una mayor contratación de proveedores locales de bienes y obras en los proyectos en juego.
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