YPF informó a sus contratistas en Santa Cruz que costeará la indemnización (más un plus del 20%) de aquellos operarios que acepten salir voluntariamente de sus yacimientos en la provincia.
La compañía busca traspasar la operación de estos campos a nuevos actores, como la Compañía General de Combustibles (CGC), en el marco del Proyecto Andes, que le permitirá redirigir recursos hacia proyectos estratégicos como Vaca Muerta.
El plan incluye un programa de retiros voluntarios para operarios, donde YPF costeará indemnizaciones con un plus del 20%. Sin embargo, esto ha generado preocupación en Santa Cruz, donde el impacto sobre el empleo y la actividad económica es incierto. El gobierno provincial exige garantías de continuidad operativa y busca evitar que la salida de YPF comprometa la producción petrolera y los ingresos fiscales.
El desenlace de estas negociaciones tendrá implicancias profundas para la provincia y la industria, mientras YPF busca fortalecer su estrategia nacional concentrándose en áreas de mayor rentabilidad. Sin embargo, el costo social y económico de este cambio sigue siendo una preocupación central en la región.
No se trata de una negociación sencilla. Al contrario, implica un juego a diferentes bandas con una multiplicidad de actores que durante todo el año pasado tuvo avances y retrocesos.
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