El traspaso de las concesiones en Vaca Muerta que tenía la norteamericana ExxonMobil a Pluspetrol —concretado en octubre del año pasado en una cifra récord de más de US$ 1700 millones— activó un movimiento tectónico que podría desencadenar en los próximos meses una serie de réplicas secundarias hacia dentro de la cuenca Neuquina. Ese reacomodamiento en el mapa no convencional está motorizado por distintos factores, pero uno tracciona más que el resto: el interés de petroleras con accionistas locales —como Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Tecpetrol, CGC y la mencionada Pluspetrol, entre otras— por ampliar su presencia en Vaca Muerta en contraste con una tendencia a la retracción por parte de compañías internacionales como la propia ExxonMobil.
En el gobierno parecen tener presente esa realidad. Prueba de eso es que, a mediados del mes pasado, el viceministro de Energía y Minería, Daniel González, mano derecha en el área de Luis ‘Toto’ Caputo, impulsó la instrumentación del Decreto 929, un viejo régimen de promoción de inversiones en Vaca Muerta establecido en 2013 por la administración de Cristina Kirchner —fue la medida que traccionó el desembarco de la estadounidense Chevron en el play no convencional— que, sin embargo, nunca se había cumplido. El decreto autoriza el envío hacia el exterior de parte del flujo en dólares generado por la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta. Instruir al BCRA para que empiece a cumplir con esa norma, que estuvo frenada durante años por el cepo cambiario, fue una acción del gobierno de Javier Milei destinada a atajar un reclamo histórico de las petroleras internacionales que explican, desde el sentido común de la lógica económica, que no están en condiciones de aumentar sus inversiones en el país hasta que no haya certezas de que podrán acceder al mercado de cambios para costear financiamientos y amortizaciones en el exterior.
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