La publicación de los nuevos cuadros tarifarios de gas publicados la semana pasada —que en incluyen una suba del 4% con relación a los que estaban vigentes— incluyeron una novedad que pasó prácticamente desapercibida en la agenda pública. Por decisión del ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, la última suba del gas natural apuntó mucho más a avanzar con la quinta de subsidios del Estado en el sector que a recomponer los ingresos de las empresas reguladas —distribuidoras y transportistas— por efecto de la inflación. En rigor, medido en pesos, el gobierno aumentó en promedio casi un 7% el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) que pagan los hogares —el indicador que define el nivel de subvenciones que abona el Tesoro—, mientras que apenas autorizó un incremento de los ingresos de distribuidoras —Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras— y transportistas —TGS y TGS— de sólo un 1%, bastante por detrás de lo previsto.
De la medida se desprende que el Ministerio de Economía buscó corregir —aunque más no sea parcialmente— la recomposición del margen de distribuidoras y transportistas autorizado en abril por impulso de la Secretaría de Energía, que dirige Eduardo Rodríguez Chirillo. Da la impresión que en el Palacio de Hacienda consideran que las compañías reguladas tienen caja o espalda económica para absorber una suba módica del 1%, inferior por caso que la otorgada a distribuidoras eléctricas como Edenor y Edesur, que el 1º de septiembre elevaron sus ingresos un 3 por ciento.
«Está claro que el Gobierno priorizó la quita de subsidios por sobre el mantenimiento del ingreso real de distribuidoras y transportistas«, indicó un consultor del sector, que pidió la reserva de nombre.
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