El ministro de Economía, Luis Caputo, frenó desde enero el pago a las distribuidoras de los reintegros que requiere la ejecución del régimen previsto por la Ley 25.565 de Zona Frías, un programa creado en los ´90 y ampliado en 2021, según el cual la mitad los usuarios de gas natural del país abonan una tarifa más baja por el servicio (porque se interpreta que deben ser bonificados por vivir en regiones de bajas temperaturas). Como a raíz de la normativa las distribuidoras comercializan el gas más barato a los hogares, el sistema prevé que luego el Estado reintegra a las empresas una parte del precio del gas. Ese reintegro se cancela con fondos que recauda un fideicomiso administrado por el Palacio de Hacienda, cuyas transferencias están inactivas desde enero. El freno de los pagos —que provocaron un pasivo que ya supera los $ 10.000 millones— puso en jaque a más de 40 subdistribuidoras que abastecen a pequeñas localidades en todo el país.
El esquema de reintegro a través del fideicomiso está diseñado para que el Estado no tenga que afrontar con fondos propios la subvención a las tarifas de gas para los hogares ubicados en áreas de bajas temperaturas. En parte, el régimen se solventa por medio de un cargo incluido en las tarifas —equivalente a un 5% del precio del gas— que abonan todos los usuarios de gas natural del país. Lo recaudado va directo al fideicomiso. Ahora, con la excusa de realizar primero auditorías, Caputo dejó de afrontar los compromisos de todos los fideicomisos que administra el gobierno nacional.
En rigor, el gobierno frenó la devolución de la Zona Fría a todo el segmento de distribución, que incluye a las distribuidoras (Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, Cuyana, Ecogas, Gasnor, Litoral Gas) y a más de 40 subdistribuidoras del país.
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