El gobierno tiene un gesto económico para con los proyectos de EERR
Para darle salida a casi 100 proyectos adjudicados en las licitaciones pero que no se construyeron, el gobierno aceptó reducir a un 7% el cobro de las penalidades de los contratos. La crisis macroeconómica desatada en 2018 perjudicó a los proyectos e impidió que el Estado avance. El diseño original del programa RenovAr habilitó a que compañías aventureras especulen e impulsen el precio de la energía licitada a la baja.
Las cuatro licitaciones del programa RenovAr, un plan elaborado por el gobierno de Mauricio Macri para impulsar las energías renovables, dejó hasta el momento 91 proyectos sin construirse como consecuencia, en gran medida, de la crisis económica desatada en 2018 en el país. En total, suman alrededor de 1.000 MW (aunque podrían ser más) que el Estado adjudicó para habilitar parques de generación con prioridad para inyectar energía renovable en el sistema eléctrico nacional.
La multa por cada MW no construido ascendía, según la regulación original, hasta los US$ 250.000, según los contratos PPA (Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés) que firmaron las compañías adjudicatarias en las cuatro licitaciones que hubo del RenovAr. Es decir, los 91 proyectos que totalizan aproximadamente 1.000 MW no construidos deberían abonar US$ 250 millones en penalidades. Ese es el monto que el Estado tendría que recibir según las sanciones tipificadas en los contratos iniciales. Sin embargo, finalmente el Estado va a terminar recibiendo, en el mejor de los casos, menos del un 10% de ese cifra.
Según la resolución 1260 que publicó en diciembre pasado el gobierno nacional para darle una salida a los proyectos que no se construyeron, las empresas adjudicatarias que quieran abandonar el desarrollo deberán pagar una multa de US$ 17.500 por cada MW de potencia para las tecnologías eólicas y solares y US$ 12.500 por MW para el resto de las energías renovables.
Esto significa que, si una empresa que tenía un proyecto eólico de 100 MW adjudicados tenía que abonar US$ 25 millones si no lo construía (100 MW multiplicado por US$ 250.000) según el contrato original, con la nueva resolución podrá pagar sólo US$ 1,75 millones para salir del RenovAr. Es decir, casi 15 veces menos de lo estipulado en el contrato inicial, un gesto económico significativo que implementó el gobierno para fomentar la salida de proyectos y liberar prioridad de despacho y capacidad de transporte en el sistema eléctrico con el objetivo de permitir que otras compañías construyan nuevos parques.
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