La exageración lo es todo. La política argentina se ha vuelto hiperbólica. Una discusión por fondos entre la Nación y una provincia puede escalar hasta tener derivaciones similares a las de una guerra. Con afectación del suministro de energía incluido. Todos potencian las reacciones y nadie asoma con capacidad y vocación pacificadora. Una caricatura de conflictos bélicos en versión y escala criolla.
El enfrentamiento entre la provincia de Chubut y el gobierno nacional con el que cerró otra semana de conflictos políticos promete nuevos capítulos, que podrían extenderse a territorios más amplios que los de la provincia gobernada por el ahora rebelde Ignacio Torres (Pro). Si es que no llega a concretarse una instancia de negociación a último momento.
Antes que el temor a que se concrete el cierre de las válvulas para impedir la provisión al resto del país del gas y el petróleo que se extrae de Chubut, asoma otra preocupación por una derivación más inquietante.
Aquella amenaza que Torres esbozó es vista de concreción altamente improbable por la mayoría de los actores en pugna, ya que impedir ese transporte implicaría acciones que podrían encuadrarse como delitos. Además de la interrupción del flujo, para realizarlo se requeriría de la ocupación y afectación de propiedades privadas. No habría intenciones de exponerse a tanto. Al menos en primera instancia.
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