Eclipsada por la disputa del Gobierno con las petroleras por la falta de combustible, la empresa estatal Enarsa dio el puntapié inicial para poder completar la segunda etapa del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) con una atípico llamado a licitación destinado a la compra de los 524 kilómetros de caños y tuberías que se utilizarán en el tramo que va desde Salliqueló (Buenos Aires) hasta San Jerónimo (Santa Fe).
A diferencia de lo que pasó con las cañerías de la primera etapa Tratayen-Salliqueló que se adquirieron con recursos presupuestarios, ahora las empresas interesadas deberán presentar sus ofertas con propuestas de financiamiento, condición que limita la lista de los posibles proveedores y deja abierto el precio final que terminará pagando el Estado.
La decisión de llevar adelante la primera licitación del segundo tramo del GPNK bajo este parámetro no hace más que evidenciar las serias dificultades económicas y financieras que enfrenta el Gobierno para poder encarar la obra con fondos propios.
Inicialmente, la Secretaría de Energía que conduce la massista Flavia Royón y las autoridades de Enarsa habían explorado sin éxito la posibilidad de que las principales petroleras y productoras de gas direccionen parte de sus inversiones a la concreción de las obras.
Presión del FMI
Además de la escasez de recursos propios y la ausencia de inversores privados, el Gobierno también tiene que hacer frente a la presión que viene ejerciendo el FMI -y que se va camino a acentuarse después del balotaje- para que las autoridades económicas profundicen la reducción del gasto público y achiquen el déficit fiscal con el fin de poder mantener en pie el acuerdo vigente y los próximos desembolsos de fondos.
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