Tras sortear a fines de agosto la audiencia oral y pública convocada por la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia de Río Negro, el proyecto de YPF para instalar una mega terminal portuaria en la costa de Punta Colorada, en el Golfo de San Matías, deberá afrontar el primer escollo judicial que acaban de presentar cámaras de la economía regional, asambleas vecinales y organizaciones conservacionistas cuestionando la terminal del Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur.
El oleoducto de poco más de 600 kilómetros es uno de los proyectos clave para solucionar los cuellos de transporte de la formación neuquina de Vaca Muerta, lo que incluye la terminal portuaria de mayor capacidad de carga del país para exportación, con una estimación inicial de 360.000 barriles de petróleo diarios.
La obra había recibido el respaldo de las autoridades y comunidad de la localidad de Sierra Grande, la más próxima a la futura terminal, que busca recuperar su capacidad productiva y laboral tras la época dorada de la explotación de hierro. Desde 2016 el yacimiento está paralizado en manos de una empresa china que adquirió los derechos de explotación, por lo cual el oleoducto genera nueva expectativa para esa región.
Por el contrario, el diverso bloque comercial, social y ambiental presentó una acción legal en la provincia de Chubut por «el ilegítimo avance del proyecto» para la realización de un ducto que transportará hidrocarburos desde Vaca muerta atravesando toda la provincia de Río Negro y parte de Neuquén y finalizará en un puerto de carga con dos monoboyas en el Golfo San Matías.
La iniciativa, presentada en el marco del segundo aniversario del «Atlanticazo», destaca «los riesgos y las consecuencias devastadoras que la terminal portuaria representa para la región» al señalar «la fuerte conectividad oceanográfica y biológica entre el enclave donde se establecerá la terminal portuaria y el Golfo San José y el Golfo Nuevo; estos dos últimos componentes claves del entorno de la Península Valdés».
La acción que fue interpuesta con fundamento en la inacción previa de la Provincia de Chubut en relación al puerto petrolero con «enorme impacto en la región», quedó radicada en el Juzgado Civil y Comercial de Puerto Madryn a cargo de María Laura Eroles. A través de un escrito se solicitó a las autoridades provinciales, a «tomar medidas preventivas y transparentar el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental e intervenir eficaz y activamente en él».
El área referida es ampliamente protegida a nivel provincial e internacional por la Convención de Ramsar y por UNESCO en su carácter de Sitio de Patrimonio Mundial.
La alianza contra el oleoducto
Entre las organizaciones que conforman la alianza están la Cámara de Turismo y Servicios de Península Valdés (CAPENVAL), la Asociación Red de Alquileres Temporarios de Puerto Madryn, el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Asamblea Vecinal de Puerto Pirámides, la Asociación Argentina de Guías Balleneros, la Cámara Patagónica de Empresas de Avistajes de Ballenas, la Fundación Península Valdés Orca Research, la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, la Fundación Greenpeace Argentina, la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Patagonia Natural, la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo Península Valdés, la Asociación de Guías Profesionales de Turismo del Chubut y la Asamblea No a la Mina de Esquel.
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