Los impuestos sobre los combustibles cobraron relevancia en los últimos años dentro del set de herramientas estatales destinadas a gestionar el impacto de la suba de los precios internacionales del crudo sobre las naftas y el gasoil. Con distintos criterios, varios gobiernos en Latinoamérica aliviaron el componente impositivo para evitar mayores aumentos de precios. Chile y Brasil optaron por este camino, pero con la relativa estabilización de los precios internacionales de los hidrocarburos comenzaron a normalizar el cobro de impuestos sobre los combustibles. No es el caso de Argentina, que mantiene desactualizado el cobro del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (CO2) por tercer año consecutivo y con una pérdida para el Estado que acumula unos 3600 millones de dólares en dos años y medio.
La salida de la pandemia y la crisis energética agravada por la invasión rusa en Ucrania configuraron un escenario de incrementos en los precios de las commodities y de los bienes y servicios. La inflación volvió a emerger en economías desarrolladas y emergentes como una problemática central. En Chile el IPC aumentó un 12,8% en 2022, la suba de precios anual más alta en 30 años. En Brasil el IPCA registró un acumulado de 10,06% en 2021, el dato anual más alto desde 2003.
En respuesta, los bancos centrales elevaron las tasas de interés para enfriar la demanda doméstica. Al mismo tiempo, los gobiernos accionaron con política fiscal para limitar los aumentos en los combustibles. Los resultados son auspiciosos: el Banco Central de Chile espera que el IPC cierre en 2023 en un rango de entre 4 y 4,5%, mientras que el relevamiento de expectativas del Banco del Brasil señala que el mercado espera que el IPCA termine en un 4,9% anual en 2023.
Con la espalda que otorgan estos resultados, la semana pasada el banco central chileno comenzó a revertir la política de tasas altas, mientras que se anticipa una decisión similar este miércoles por parte del banco central brasileño.
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