La amenaza del gobernador de Chubut de cortar la provisión de petróleo y gas al resto del país, apoyada luego por otros mandatarios provinciales en el marco de la eterna disputa Nación-provincias por el reparto de los fondos coparticipables, genera un conflicto de inusitada gravedad institucional con final abierto.
La reforma constitucional de 1994 adopta un principio claro: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Años más tarde, la ley 26.197, llamada “ley corta”, precisó las competencias Nación-Provincias en materia de hidrocarburos: El diseño de las políticas energéticas a nivel federal será responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional, mientras que las provincias asumirán en forma plena la administración sobre los yacimientos de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas.
Las provincias son las dueñas y administradoras de los recursos, pero la política es nacional, por ser la explotación del petróleo y sus derivados una cuestión de política industrial y económica de significación para todo el país. Así lo entendió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos fallos que sirvieron para terminar de deslindar ese reparto jurisdiccional.
En tanto “estados concedentes”, las provincias otorgan derechos a las empresas productoras. En nuestro sistema jurídico esos derechos adquieren generalmente la forma de permisos y concesiones. La concesión se caracteriza por darle al concesionario derecho de propiedad sobre los hidrocarburos que produce, mientras que la provincia participa de esa producción mediante un porcentaje llamado regalía.
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