«Aunque en la Argentina estamos más preocupados por la coyuntura y las urgencias del día a día, y el marco regulatorio para temas de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) no es tan fuerte como en otros lugares, este se está desarrollando más rápido de lo que imaginamos», explicó Carlos Scavo, director de Strategy& de PwC.
De acuerdo con el ejecutivo, el principal impulsor de este avance es el marco regulatorio: «En la Argentina hay empresas globales que tienen que cumplir los requerimientos que establecen sus casas matrices. Entonces, aunque el país no lo exija, las empresas deben cumplirlo».
Scavo destacó que, a partir de octubre, entrará en vigencia en la Unión Europea un nuevo mecanismo de ajuste de precios para importaciones, mediante el cual se controlarán, tanto el origen como las emisiones que se produjeron durante el proceso de fabricación de cada producto que ingrese a la región.
Se trata de una medida que compara las emisiones que se produzcan en los procesos de elaboración de cada elemento que ingrese al continente con las que se producen localmente. «Tenemos empresas que exportan a mercados internacionales de alto valor. Esto significa que, si un productor va a exportar algo a Europa, que compite contra la producción local -que tiene requisitos de ser neutral-, le van a cobrar un impuesto para equiparar los niveles de costos con los productores europeos», detalló.
En cambio, sostuvo que, «en la Argentina no existe un mercado regulado de carbono que les exija a las empresas reducir sus emisiones». Sin embargo, reconoció que se está empezando a implementar en algunos países de América latina.
«Lo que está vigente en el país son los mecanismos que tienen que ver con los mercados voluntarios de carbono. En este contexto, hay más de 60 proyectos de reducción, ya que muchas empresas las desarrollan para compensar sus emisiones», reveló Scavo.
Lea la nota completa en El Cronista.
