Como quedó establecido en el Artículo 2º de la Ley Nº 17.319, las actividades relativas a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos se encuentran a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, de acuerdo a las disposiciones y reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Se trata de una norma a partir de la cual los sucesivos gobiernos de turno fijan la política nacional petrolera, teniendo como objetivo principal satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus yacimientos, manteniendo reservas que aseguren esa finalidad.
Otro de los principios se vincula con la necesidad de maximizar las inversiones y los recursos empleados para el autoabastecimiento en el corto, mediano y largo plazo; y la incorporación de nuevas tecnologías y modalidades de gestión que contribuyan a mejorar las actividades de exploración y explotación.
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