Tras las resoluciones de la Secretaría de Energía que contienen la actualización de los precios mayoristas de la energía eléctrica y el gas natural y los porcentajes de aumentos que deberán afrontar los usuarios finales, las miradas empresarias y políticas quedaron focalizadas en ver cómo jugarán a partir de ahora los funcionarios kirchneristas a cargo del ENRE y el Enargas, que tienen que dar el visto bueno definitivo a los nuevos cuadros tarifarios que regirán para los consumos hogareños a partir de junio.
Más allá del mensaje oficial bajado desde los despachos del ministerio de Economía de Martín Guzmán acerca de que no habrá contratiempos con los ajustes, puertas adentro del Gobierno y en las cercanías del Instituto Patria no descartan que aparezcan sobre la marcha cuestionamientos administrativos y posibles planteos judiciales que compliquen y retrasen la aplicación plena de las nuevas tarifas.
La difusión oficial de los aumentos para los servicios de luz y gas tuvo dos notas salientes: se publicaron en una edición especial sabatina del Boletín Oficial y no incluyeron mención alguna a la tan anunciada y prometida «segmentación» tarifaria que implicaría la eliminación total de los subsidios vigentes para los usuarios residenciales de mayores ingresos y recursos económicos.
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