Tarifas descongeladas: un reajuste en cámara lenta
La inflación creciente sumó un nuevo problema para que resuelva el actual Gobierno o, lo más probable, el que lo suceda. El descongelamiento acordado con el FMI como parte del paquete de control fiscal debe realizarse en un año electoral y en un año de alta inflación. Sólo desde al momento que se formalizó (marzo de 2022) fue de 120%, sin contar la previa que desnaturalizó el esquema de ajustes previsto.
El origen. La debacle de la convertibilidad en 2002 minó el desarrollo de los servicios públicos, muchos de los cuales habían sido concesionados durante la década anterior, con un gran salto en infraestructura y modernización. Sin querer, los protagonistas de esta ola privatizadora pavimentaron su propio calvario posterior: al estar enmarcados en contratos de larga duración y actualización semestral de los precios (dolarizados) según la inflación mayorista de los Estados Unidos, el esquema no resistió la mega devaluación del 200% y tampoco la suba de costos domésticos posteriores.
En los 20 años transcurridos desde el final del modelo “privatizado” a la decisión de comenzar a actualizar las tarifas, el sector fue perdiendo dinamismo y, en algunos casos, como el gasífero, pasó de exportador nato a la paradoja de tener gasoductos internacionales vacíos por ausencia del fluido. Los especialistas estiman que en 2022 el rojo del sector alcanzó 3,5% entre los servicios energéticos y los subsidios al transporte urbano.
Paula Szenkman, directora de Desarrollo Económico de CIPPEC, señala que, desde la ruptura de los contratos en 2002, se inició un proceso de intervención normativa bajo el cual se comenzaron a definir discrecionalmente los precios y las tarifas del sector. “El hecho de suspender las ‘Revisiones Tarifarias Integrales’ llevó a un congelamiento de las tarifas que, en contextos de alta inflación, implica distorsiones entre los costos y los precios del sector y los precios relativos de la economía”, subraya.
Alerta roja. Desde 2003 en adelante hubo intentos por retomar la racionalidad en el esquema tarifario buscando el equilibrio dentro del sector: acotar la suba de precios, intentar romper la vinculación con el dólar y asegurar el abastecimiento. Santiago Urbiztondo, economista jefe de FIEL y especialista en regulaciones del sector público, marca esta fecha como un hito: a partir de allí el servicio comienza a mostrar signos de fatiga que se visualizó en 2007, medido, por ejemplo, a través de cortes en el suministro eléctrico por año. “Hasta fines de los ´80 la demanda venía por que no hubiera apagones o que el teléfono no fuera un bien escaso, pero luego la calidad de servicio alcanzada en los ’90 se prolongó, empeoró de 2008 a 2016, luego mejoró con la recomposición de tarifas y ahora el impacto del congelamiento desde 2019 todavía no terminó de impactar porque existe siempre un ‘delay’ entre la caída de la inversión y la del servicio”, remarca.
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