Transener, una de las principales empresas del sector eléctrico, que cumple una tarea estratégica porque es la encargada de operar el sistema de alta tensión del país, envío este miércoles un hecho relevante a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para advertir a sus accionistas que, por una inédita decisión del gobierno de Javier Milei, no contará con los fondos para cubrir los salarios del mes próximo. La compañía, que paradójicamente es propiedad del propio Estado, dado que Enarsa posee un 50% del capital accionario (el otro 50% está en manos de Pampa Energía), está obligada a informar la decisión por cotizar en la Bolsa porteña.
El comunicado se conoció después de que Jorge Garavaglia, representante del Ejecutivo en la comisión directiva de Cammesa, la empresa que administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que tiene en su directorio a distribuidoras, generadores y transportistas, le comunicó a Transener que el Estado sólo le transferirá un 50% de los fondos que precisa la compañía para abonar las remuneraciones de su personal. Con este tipo de martingalas presupuestarias es que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha logrado en enero alcanzar superávit financiero.
Es curioso: desde el recambio presidencial, el gobierno no le gira fondos a Cammesa, firma controlada por el propio Estado, y la está llevando a incumplir las obligaciones que tiene contractualmente con el mercado eléctrico. En el caso de las transportistas (Transener, Distrocuyo, Transba y Transcomahue, entre otras), el Estado es quien cubre parte de los costos de transporte de energía para las redes de 500 y 132 kV. No se trata de un subsidio, dado que las empresas reguladas como las distribuidoras y transportistas no reciben subvenciones directas del Tesoro (los subsidios se focalizan en la compra de combustibles), sino que, por diseño regulatorio, es el Estado quien tiene la obligación de cubrir los costos del sistema.
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