La posibilidad de un embargo millonario contra la Argentina, y la eventualidad de una sentencia definitiva que finalmente condene al país a pagar hasta US$16.000 millones por la estatización de YPF, son consecuencia del accionar directo de personas. Acá no hay problemas de macroeconomía ni de falta de reservas, se trata de pagar la factura de daños causados por entrar a un bazar con un elefante.
Así de bestial fue el ingreso de aquel kirchnerismo empoderado en 2012, cuando la entonces presidenta, Cristina Kirchner, secundada por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación, Julio De Vido, y con libreto legal del secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, entraron a la petrolera.
Aquellos funcionarios, embanderados en una supuesta soberanía energética, intervinieron la compañía para luego terminar con la estatización del 51% de las acciones de Repsol. Pasó el tiempo y ahora, con la perspectiva del paso de los días, cada vez se acerca más el turno de terminar de pagar. En el camino, el grupo comandado por el ahora gobernador bonaerense rompió el sistema jurídico, además de ignorar los términos de los contrato. Ahora, en Nueva York hacen la cuenta final, el ticket de cancelación de los daños.
Al fallo que condenó a la Argentina en Nueva York por aquella estatización sólo le falta conocer la cantidad final de cheques que tendrá que pagar el Tesoro. La sentencia de Preska tiene dos instancias de apelación y nada será inmediato. Pero ahora hay un hecho nuevo: la posibilidad de que se embargue al país mientras se suceden esas dos apelaciones.
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